Oltra: 'La Comunitat Valenciana es pionera en España en la puesta en marcha de programas europeos para la inclusión social y laboral'

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha asegurado que la Comunitat Valenciana es la primera autonomía española en la puesta en marcha de programas para la inclusión activa de personas con riesgo de exclusión, que cuentan con un presupuesto total de 29,8 millones de euros, cofinanciados al 50 por ciento entre la Generalitat y el Fondo Social Europeo.

Oltra ha ofrecido una rueda de prensa, acompañada por la directora general de Inclusión Social, Helena Ferrando, en la que ha informado sobre la aplicación del Programa Operativo del Fondo Social Europeo, que por primera vez se pone en marcha por parte de la Conselleria de Igualdad, y que se ejecutará hasta el año 2023 subvencionando programas de corporaciones locales y entidades del tercer sector.

"Hemos conseguido rehacer la confianza de las instituciones de la Unión Europea en la Comunitat Valenciana, que había quedado en entredicho con la acción del antiguo gobierno", ha celebrado la vicepresidenta, quien ha insistido en que "ya era hora" de que por fin esta autonomía fuera "pionera en España en algo bueno".

En este sentido, ha asegurado que, desde el Consell, "se va a velar porque la gestión de los fondos procedentes del Fondo Social Europeo se haga "con responsabilidad y resultados y cumpliendo los objetivos de inserción e inclusión social y laboral de las personas más vulnerables de la sociedad", para lo que se ha elaborado una guía didáctica que ayude a las entidades y a los municipios en esta tarea.

Primera guía de buenas prácticas

Oltra ha destacado el compromiso de su Conselleria con el objetivo de lograr que la llegada de fondos europeos a la Comunitat Valenciana deje de identificarse con "mala gestión", como ocurría con el antiguo gobierno, y ha explicado que por ese motivo desde su departamento se ha elaborado una guía de buenas prácticas que permita a los destinatarios de estas ayudas realizar una gestión correcta y eficiente de las mismas, de manera que permita recuperar la imagen de prestigio que nunca se debió de perder.

La guía, que se ha elaborado para las corporaciones locales y las entidades del tercer sector que son las beneficiarias de estas ayudas, y es la primera de estas características elaborada por la Administración, cuenta desde cómo implementar los proyectos, hasta como ejecutarlos y justificarlos, además de informar sobre los procesos de control y verificación, entre otras cuestiones.

Un total de 3,8 millones para subvencionar 26 programas

La primera fase de la puesta en marcha del programa supone una inversión de 3,8 millones de euros para subvencionar un total de 26 programas para la inclusión activa de personas en riesgo de exclusión social, y para cuya correcta ejecución se ha elaborado una guía de gestión para las entidades y corporaciones locales que han recibido estas ayudas.

La vicepresidenta ha explicado que la previsión es ampliar el año próximo a 22 nuevos programas el año próximo, y ha indicado que el objetivo es que a final del año próximo 6.123 personas hayan sido atendidas a través de estos programas, de las que 4.843 habrán realizado un itinerario, 3.824 habrán recibido alguna formación y se espera que se hayan producido 1.854 contrataciones.

En este sentido, ha mostrado su satisfacción porque estas acciones "irán a paliar las situaciones de emergencia social más graves que tenemos en nuestro territorio y esto entra dentro del primer eje del Pacte del Botànic que es rescatar personas. Aquí estamos rescatando a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, las que más lo necesitan y por lo tanto estamos cumpliendo con nuestro pacto de Gobierno", ha concluido.

Según ha explicado, la aplicación de la primera fase de estos programas ha permitido la subvención de proyectos puestos en marcha por 15 corporaciones locales, como Paterna, Santa Pola, Villena, Gandia, Sagunt o la Mancomunitat Barri del Crist, que cuentan con barrios con una presencia importante de colectivos con problemas de inclusión social, que hacían mucho tiempo que no recibían ayudas de la administración.

Asimismo, se han subvencionado 11 programas desarrollados por entidades del tercer sector, que van a desarrollar programas con colectivos con múltiples discriminaciones, como el de diversidad funcional, las personas migrantes en situación irregular, mujeres gitanas, reclusas y exreclusas o personas con adicciones, entre otras.

Contratación de 118 profesionales

La puesta en marcha de estos programas lleva aparejada la contratación de 118 profesionales para el refuerzo de los equipos base de los servicios sociales municipales y de las entidades, que serán los encargados de desarrollar los itinerarios individualizados de inserción sociolaboral, que incluyen acciones de atención social, desarrollo competencial, orientación laboral, intermediación laboral y prospección y apoyo al empleo.

Estos itinerarios se completan con dos acciones trasversales, una de acompañamiento, a través de tutorías individualizadas i/o de grupo para lograr que la persona se implique en el diseño y evaluación del proceso; y una segunda de alfabetización digital.

La vicepresidenta ha insistido en que el objetivo de todo este proceso es que sea el sistema el que se adapta a la persona, y no al revés, y siempre tratando que ésta sea "protagonista" en la construcción del itinerario, "porque no queremos un sistema paternalista ni de tutela, sino uno que acompañe" a estas personas en el proceso de inclusión.

CaixaBank certifica la carencia de infraestructuras y financiación que sufre la Comunitat Valenciana

CaixaBank ha hecho público el décimo volumen de la Colección Comunidades Autónomas de CaixaBank Research, un diagnóstico estratégico individualizado de las distintas economías territoriales que configuran el panorama español. El objetivo último de la colección, que se ha presentado en la Fundación Universidad-Empresa de la Universitat de València ADEIT, es contribuir al conocimiento de la compleja realidad económico-territorial de España.

La presentación del informe, un análisis exhaustivo de la economía valenciana, ha contado con la presencia del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig; Bibiano Martínez, director territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana; el economista jefe y director corporativo de planificación estratégica y estudios de la entidad financiera, Enric Fernández; y José Antonio Herce, director asociado de Analistas Financieros Internacionales AFI, consultora encargada de la elaboración del informe. También han asistido destacados representantes de otras instituciones y empresas de la Comunitat Valenciana.

El diagnóstico estratégico territorial de la Comunitat Valenciana ofrece un amplio análisis de los procesos demográficos, territoriales, institucionales y económicos que se han observado en los últimos años en la región. Asimismo, se aborda el estudio de los ámbitos o sectores sensibles de la comunidad, en los planos productivo o medioambiental y en los que cabe encontrar un abanico de mejores prácticas y casos de éxito sobre cuya extensión fundar un programa estratégico de desarrollo en los próximos años.

Amenazas y fortalezas de la economía de la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana se sitúa estratégicamente en la trayectoria del denominado Arco Mediterráneo, si bien aún no ha terminado de crear las condiciones materiales y financieras necesarias para que dicha inserción acabe articulando el conjunto desde una posición de plena contraparte. Del análisis contenido en el volumen, basado también en la evidencia aportada por los agentes relevantes de la Comunitat, se desprende que las carencias en materia de infraestructura son paralelas a los problemas de infrafinanciación de la región en el marco autonómico general de los últimos años. Estos dos soportes son determinantes del desempeño general de la región en el futuro, por lo que su debate interno y con las instituciones estatales, ya en marcha, es prioritario.

En la actual fase de recuperación económica, por otra parte, la economía valenciana está creciendo por encima de la media nacional. Así, desde el año 2013 y hasta 2015, la economía valenciana creció un 6,0%, más de un punto porcentual por encima de la economía española en su conjunto. La favorable evolución de la renta per cápita en la Comunitat Valenciana frente a la de la media española ha permitido que el diferencial se recorte casi un punto en el periodo comprendido entre 2010 y 2015, aunque aún mantiene una renta per cápita inferior a la media nacional.

Para seguir progresando, sería recomendable que la región impulsara una estructura productiva más orientada hacia actividades económicas de alto valor añadido y diseñara programas de incremento de la productividad laboral en todos los sectores, de los que posee una variada gama. En este sentido, los esfuerzos deben concentrarse en mejorar y ampliar las capacidades de los trabajadores mediante las adecuadas estrategias formativas antes del inicio de la actividad laboral y a lo largo de este ciclo también, tanto de los que están ocupados, como de los que se encuentran parados. Aun cuando se ha avanzado mucho en los últimos años, el abandono escolar a una edad temprana y la falta de correspondencia entre los programas de formación y el mercado laboral siguen siendo dos de los principales retos en materia de educación.

Igualmente, el pleno aprovechamiento de las ventajas competitivas que posee la región en los sectores de la automoción, el calzado y la química (aunque también podrían sumarse el sector alimentario y de la salud), en términos de especialización productiva, nivel de internacionalización, inclusión de todos los eslabones de la cadena de valor y centros de I+D+i, puede redundar en una mejora de la renta per cápita de la Comunitat Valenciana.

Respecto al mercado laboral, el comercio, el transporte y la hostelería han generado por sí mismos una tercera parte del total del empleo creado desde 2013 hasta 2015 en la Comunitat Valenciana. Apostar en estos sectores económicos por el esfuerzo innovador, desde la Agencia Valenciana de Innovación, una entidad que emerge con un amplio apoyo de todos los sectores sociales y productivos, así como por la digitalización, especialmente del potente sector exportador levantino, puede también contribuir a una mejora de la economía regional. Especialmente, existe margen de mejora en términos de ganancias de productividad y competitividad, si se tiene en cuenta que ambos vectores de crecimiento aún están lejos de alcanzar a los de las regiones europeas más punteras.

Estos sectores -comercio, transporte y hostelería- están fuertemente vinculados al sector turístico, donde la Comunitat ha realizado esfuerzos en los últimos años con el fin de desarrollar una oferta más diversificada, de excelencia y calidad. La bonanza que beneficia en la actualidad al sector turístico representa una gran oportunidad para una especialización más inteligente. La región cuenta con un fuerte foco de atracción turística basada en sus condiciones climáticas, el litoral, la diversidad de ecosistemas y paisajes, entre otros activos cruciales para el desarrollo turístico y de las actividades económicas en general.

Desde el punto de vista de las infraestructuras de transporte, los problemas de congestión, derivados también de la polarización demográfica, admiten, pero también requieren, una solución inteligente mediante instrumentos económicos y normativos de gestión de los tráficos. A partir de Valenciaport y la red de vías norte-sur de alta capacidad, los dos elementos más valiosos de la cadena logística levantina (sin olvidar las vías radiales de carreteras o ferroviarias), la región puede establecer alianzas con las restantes zonas logísticas peninsulares, relanzando el proyecto del Arco Mediterráneo con un reforzamiento de las vías de transporte ferroviario de mercancías. Además, el gran reto es potenciar el transporte interurbano. La unión de las localidades costeras favorecería la accesibilidad turística y la interconexión en transporte público, reduciendo así la presión sobre las carreteras del litoral.

Otra vía de impulso de la competitividad empresarial valenciana consiste en el mejor aprovechamiento de sus valiosos recursos humanos. Una buena parte de la fuerza laboral valenciana ocupa puestos de trabajo no acordes con su nivel de formación, algo que, por otro lado, también le ocurre al conjunto nacional. En particular, el principal problema es la sobrecualificación, lo que supone, en el mejor de los casos, un desaprovechamiento de las habilidades adquiridas por los trabajadores en su periodo formativo. Concentrar esfuerzos en conseguir un adecuado encaje entre formación del empleado y los requerimientos del puesto de trabajo redundaría en ganancias de competitividad.

En definitiva, la Comunitat Valenciana requiere aunar esfuerzos con el objetivo de intensificar el gasto en I+D, así como apostar por los sectores, muchos de ellos organizados en meta-clústeres, donde la fertilización cruzada de innovaciones sectoriales puede aportar mucho valor y para los que ya posee unas claras ventajas competitivas asentadas en los clústeres convencionales. Asimismo, es deseable destacar las buenas prácticas de la región en pos del conocimiento y la organización avanzada de la industria y los servicios. Todo ello en un territorio de singular valor ambiental.

La colección Comunidades Autónomas es una de las publicaciones de investigación económica de CaixaBank Research. Todas sus publicaciones están disponibles en www.caixabankresearch.com y el estudio “La economía de la Comunitat Valenciana: diagnóstico estratégico” puede consultarse en http://www.caixabankresearch.com/publicaciones/comunidades-autonomas.

El mejor del año 2016

CaixaBank, primer banco del mercado español por cuota de mercado, ha sido reconocido como ‘Banco del Año 2016’ en España (‘Bank of The Year in Spain 2016’) por la revista británica The Banker, del Grupo Financial Times. La entidad, presidida por Jordi Gual y cuyo consejero delegado es Gonzalo Gortázar, ha sido distinguida por The Banker por la solidez de la actividad bancaria y su solvencia, así como por el liderazgo continuado de la entidad en el mercado financiero español: CaixaBank tiene una cuota de penetración del 25,7% en clientes particulares, lo que implica que CaixaBank es el banco principal para uno de cada cuatro españoles.

El presidente de CaixaBank, Jordi Gual, ha mostrado su satisfacción por este galardón, que “premia la estrategia de CaixaBank para posicionarse como líder en el mercado español poniendo el foco en la calidad del servicio y la digitalización y manteniendo unos altos niveles de solvencia, con un CET1 regulatorio del 13,4% en septiembre de este año, muy por encima del 7,375% exigido por el BCE en 2017”

La economía social impulsará la salida de la crisis con un nuevo modelo económico para Europa y España.

La economía social se ha convertido en la pócima secreta para salir de esta crisis con un nuevo modelo económico para Europa y ahora también para España. Tras el espaldarazo de la Eurocámara a la economía social y el reciente nombramiento del español y presidente de CEPES para dirigir los destinos de la economía europea la economía social entra con fuerza en la agenda para la formación de un nuevo gobierno en nuestro país.

El secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció durante su reunión con la Junta Directiva de CEPES que la Economía Social será una de sus prioridades en su Gobierno si accede a la Moncloa.

Sánchez se reunió con el presidente de CEPES Juan Antonio Pedreño y los 28 miembros de la Junta Directiva de la organización y avanzó que en la ruta del nuevo gobierno que la economía social tiene un papel primordial en la consolidación de la recuperación económica con un modelo empresarial más productivo, sostenible y capaz de generar empleo estable. Sánchez pronuncio esta palabras apenas una horas después de que el Rey le propusiera formar Gobierno.

Desde CEPES, su presidente Pedreño indicó la necesidad de que esta apuesta por la Economía Social se concrete en medidas concretas que impulsen y favorezcan este sector, y recordó las cinco grandes propuestas que CEPES, así como la necesidad de constituir un gran Pacto por el Empleo, en el que se contemple la diversidad y el pluralismo de todas las formas de empresa existentes, así como incentivar el emprendimiento, la contratación, la innovación y el crecimiento económico.

El candidato a la presidencia del gobierno señala que la economía social contribuye a la creación de empleo estable y de calidad, así como a la riqueza económica y la cohesión social por lo que será una de las bases y una sus prioridades de un posible Gobierno.

La Economía Social española dejó de ser una solución coyuntural en tiempos de crisis, para convertirse en una realidad estructural de creación de empleo y riqueza, al representar a través de su tejido empresarial el 10% del PIB y el 12,5% del empleo con 2,2 millones de empleos directos e indirectos. Muchas de sus empresas son líderes en sus sectores como en los casos de las cooperativas de crédito (Cajamar, Laboral Kutxa o algunas Caixas y Cajas Rurales), distribución y consumo (Eroski, Consum o Unide), sanidad (Cooperativa LAVINIA- ASISA), sector agroalimentario (Coren, DCoop, Central Lechera Asturiana, Feiraco) o educación (Gredos San Diego), construcción (Larcovi), industrial o automoción, entre otras muchas empresas.

Desde la economía social se pide al nuevo ejecutivo en ciernes que el Gobierno y las fuerzas políticas deben atender la demanda social de apostar por la Economía Social, un sector empresarial que demuestra que otro modelo económico es posible, creando empleo estable y de calidad, más participativo y donde las decisiones se toman democráticamente, que fomenta la innovación, la cohesión social y el desarrollo local, y en el cual priman las personas por encima del capital y los beneficios se distribuyen.

En este mismo sentido se pronuncio recientemente el Parlamento Europeo tras aprobar el ‘Informe sobre la lucha contra el desempleo juvenil’, donde reclama que la Economía Social ocupe un lugar estratégico en las políticas de creación de empleo juvenil, de acuerdo a las líneas propuestas por CEPES en las instituciones comunitarias. En España hay un 46,2% de los menores de 25 años no encuentran trabajo y resulta que en las empresas de economía social el 44% de los trabajadores son menores de 40 años (el 5% menores de 25 años) y mantienen una relación laboral estable e indefinida, lo cual denota que la empleabilidad en la economía social es mucho más sostenible que en otros modelos empresariales.

La Eurocámara, en el informe aprobado, señala que es imprescindible una mejor inclusión de las empresas de la economía social y la solidaridad en los planes de acción nacionales y europeos en materia de empleo, desarrollo de competencias e integración social, con el fin de liberar y explotar su potencial de creación de empleo y su contribución a la consecución de los objetivos principales de la Estrategia Europa 2020.

Por primera vez, los 28 estados miembros de la Unión Europea han firmado un documento conjunto para impulsar a este sector empresarial, que define como un motor clave del desarrollo económico y social de Europa. El acuerdo del Consejo de la UE, denominado "La promoción de la Economía Social como motor clave del desarrollo económico y social en Europa", reclama a los estados miembros y a la Comisión Europea el desarrollo de estrategias y programas para potenciar la Economía Social, el emprendimiento y la innovación social a nivel europeo, nacional, regional y local.

El texto firmado por los 28 países de la UE establece que "en un momento histórico en que Europa se enfrenta a retos gigantescos por lo que respecta al desempleo y la exclusión social, así como a cambios demográficos, las empresas de Economía Social tienen que desempeñar una función fundamental en la mejora de las perspectivas actuales y futuras" de la sociedad y del mercado laboral.

Para ello, el documento establece cerca de 40 medidas destinadas a la promoción activa de la economía social. Entre ellas, solicita la concienciación, reconocimiento y educación de este sector empresarial para incrementar su visibilidad e impacto en la sociedad y detallar su contribución a nivel macroeconómico. Esperemos pues, que en este nuevo tiempo para la economía española se apoye un modelo que ha dado sus frutos y muy especialmente en nuestra agricultura.

UGT demanda que se deroguen las reformas laborales, en aplicación de las prescripciones del FMI

De acuerdo con las prescripciones, recomendaciones y advertencias del FMI en su reciente informe “Perspectivas económicas mundiales” (capítulo III), UGT considera que se deben derogar las Reformas Laborales aprobadas durante la crisis (2010, 2011 y 2012), porque todas ellas entran en contradicción con esas advertencias.

El FMI ha dejado completamente claro que todas las medidas que reducen la protección de los trabajadores, ya sea por el debilitamiento de la protección frente al despido (regulación y/o indemnizaciones) como por los recortes en la protección por desempleo, son negativas para la economía y el empleo. Y considera que tales medidas (lógicamente, cabría decir) promueven los despidos, debilitan la demanda agregada y con ello la creación de empleo y tienden a contraer la economía, retrasando y debilitando la recuperación de la economía.

Además de reconocer de forma tan clara que acertábamos los sindicatos cuando utilizábamos precisamente los mismos argumentos económicos para rechazar tales medidas incorporadas a las reformas laborales más recientes, el FMI rectifica con ello, en toda regla, los argumentos con los que durante años ha justificado aquellas reformas y demandado que se acometiesen reformas en esa dirección. Y lo hace con una contundencia tal que busca que se comprenda hasta qué punto la evidencia al respecto es clara: porque tales medidas supondrán “el desencadenamiento de una ola de despidos” y el recorte en las prestaciones por desempleo “debilita aún más la demanda agregada”, todo lo cual retrasa o impide la consolidación de la recuperación económica.

Asimismo, el FMI advierte a los Estados que las medidas que deberían adoptar en las actuales circunstancias, en lugar de los recortes en la protección frente al despido y en las prestaciones por desempleo, son –como también hemos señalado reiteradamente durante todos estos años los sindicatos- las reformas en los mercados de productos y servicios y el aumento del gasto en las políticas activas de empleo. Nuevamente lo contrario de lo que ha hecho el Gobierno del PP durante la pasada Legislatura.

Especialmente la Reforma Laboral de 2012 es la que más incidió sobre la desregulación y abaratamiento de los despidos. Porque redujo más de un 40% las indemnizaciones en los despidos improcedentes (despidos injustificados, sujetos a utilización discrecional de los empresarios y carentes de una efectiva tutela judicial), porque convirtió en irrelevantes las causas para los despidos objetivos y colectivos (una circunstancia de pura coyunturalidad, la reducción de los ingresos de la empresa durante tres trimestres, que no representa en modo alguno dificultades estructurales y ni siquiera de entidad, es causa justificada para proceder al despido tanto de un trabajador como de la mayoría de la plantilla de la empresa), y porque suprimió la autorización administrativa en los despidos colectivos, entre otras medidas. Igualmente, en la pasada Legislatura el Gobierno recortó las prestaciones por desempleo, aparte de permitir complacientemente la caída continuada y aguda de la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo.

Resulta difícil atendiendo a todo lo que señala el FMI encontrar una descalificación más clara de las Reformas Laborales realizadas.

Es imprescindible corregir los errores y buscar una adecuada regulación del mercado de trabajo. Es preciso comenzar de nuevo y hacer ahora las cosas bien. Restablecer una regulación que impida los excesos en los despidos, tanto en los injustificados (improcedentes) como en los causales. Una regulación que aumente la protección y cobertura de las prestaciones por desempleo. Y una regulación que garantice creación de empleo en condiciones dignas, que a su vez mejore la demanda agregada y consolide la recuperación de la economía, además de elevar los niveles de productividad.

Todo lo cual, a juicio, de UGT, supone un argumento más de autoridad para que el Parlamento actual y el próximo Ejecutivo procedan sin demora a la derogación total de esas Reformas Laborales.

El Consejo Europeo aprueba un documento de promoción de la economía social como motor clave del desarrollo económico y social de la Unión Europea

El Consejo Europeo de ministros de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO), reunido el pasado 7 de diciembre en Bruselas, aprobó un documento trascendental para el reconocimiento institucional y el apoyo de la Economía Social en la Unión Europea. En concreto, aprobó la resolución sobre ‘La promoción de la economía social como motor clave del desarrollo económico y social en Europa’, que entre otras cosas invita a los Estados Miembros y a la Comisión Europea a que “establezcan, apliquen y sigan desarrollando, según proceda, estrategias y programas europeos, nacionales, regionales y/o locales para reforzar la economía social, el emprendimiento social y la innovación social”.

El texto cita entre sus fuentes el informe de CIRIEC de 2012 sobre ‘La economía social en la Unión Europea’. En él se explica que la economía social une una amplia y rica variedad de formas organizativas formadas en diversos contextos nacionales y de bienestar social, pero con valores, características y objetivos comunes, y combina actividades económicas sostenibles con un impacto social positivo, ajustando al mismo tiempo los bienes y servicios a las necesidades.

La principal conclusión que puede extraerse es que la economía social en Europa es muy importante en términos humanos y económicos, ya que proporciona empleo remunerado a más de 14,5 millones de europeos, cerca del 6,5 % de la población ocupada de la UE 27 y cerca del 7,4 % de la de los antiguos 15 Estados miembros de la UE.

En países como Suecia, Bélgica, Italia, Francia y los Países Bajos representa entre el 9 % y el 11,5 % de la población ocupada.

Estos agregados subrayan el hecho de que se trata de una realidad que no pueden ni deben ignorar la sociedad y sus instituciones.

En la primera mitad de 2010, cuando parecía que había terminado lo peor de la actual crisis económica, la Comisión Europea puso en marcha la Estrategia Europa 2020 para lograr una recuperación sostenible aprovechando con resolución y dinamismo todos los puntos fuertes y el potencial de la sociedad.

Los tres pilares

La Estrategia establece tres prioridades básicas: crecimiento inteligente (desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación), crecimiento sostenible (fomento de una economía más competitiva, más ecológica y que utilice los recursos de manera más eficiente) y crecimiento integrador (fomento de una economía con elevados niveles de empleo que genere cohesión económica, social y territorial).

Como indicadores de estas prioridades se establecieron cinco objetivos específicos: aumento de la tasa de empleo del 69 % al 75 %, inversión del 3 % del PIB en I+D, reducción del efecto invernadero mediante el desarrollo de energías renovables y el aumento de la eficiencia energética, reducción de la tasa de abandono escolar, y reducción del 25 % del número de personas que viven en la pobreza; dos años después, a mediados de 2012, estos objetivos están más lejos que en 2010.

La pobreza y el desempleo han aumentado en la UE (25 millones de desempleados) y la cohesión social y territorial no ha avanzado.

Es evidente que la economía social en conjunto está desempeñando una función indispensable en la construcción de Europa y puede contribuir a las prioridades del crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

En época de crisis, y ante la gravedad de la situación económica de las empresas industriales en las que trabajaban, innumerables grupos de trabajadores han optado por transformar o reactivar estas empresas como cooperativas para mantener sus empleos.

Crear empleo

En los últimos decenios, los datos estadísticos han demostrado que la ES constituye un poderoso sector de creación de empleo en Europa, y que es más sensible al empleo que otros sectores de la economía.

En España, el país europeo con la mayor tasa de desempleo, el empleo en las cooperativas cayó un 9 % entre 2008 y 2012, mientras que el empleo asalariado en el sector privado cayó un 19 %,más del doble.

La economía social desempeña un papel importante en la transformación y evolución de las sociedades contemporáneas, los sistemas de bienestar social y las economías y, por ende, contribuye sustancialmente al desarrollo económico, social y humano de Europa, y más allá de Europa, y es complementaria a los sistemas de bienestar social existentes en muchos Estados miembros.

La economía social contribuye además al logro de varios objetivos clave de la UE, a saber: un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, empleo de alta calidad, cohesión social, innovación social, desarrollo local y regional, y protección del medio ambiente. También constituye una herramienta importante que contribuye a garantizar el bienestar de las personas. Y algo aún más relevante, la economía social es un sector que ha capeado la crisis económica mucho mejor que otros sectores y cada vez se reconoce más su papel a nivel europeo.

Visibilidad de la ES

En los últimos años, la economía social ha aumentado su visibilidad política como un sector que constituye un pilar importante, sobre todo en términos de empleo y cohesión social en Europa, y que es además clave para lograr los objetivos de la estrategia Europa 2020.

La estrategia de Roma de 2014 determinó los ámbitos en los que era necesario intervenir según los diversos actores que habían trabajado para promover la expansión y el refuerzo de la economía social como motor clave del desarrollo social y económico en Europa.

Inspirándose en la fuerza de una larga tradición de economía social, los emprendedores sociales son motores de cambio y participan activamente para desarrollar y poner en práctica soluciones innovadoras a los principales retos económicos, sociales y medioambientales a los que se enfrenta la Unión Europea.

Por empresas de economía social se entiende un conjunto de organizaciones basadas en la primacía de las personas sobre el capital, que incluyen formas organizativas como cooperativas, mutuas, fundaciones y asociaciones, así como nuevas formas de empresas sociales y pueden ser consideradas vectores de la cohesión económica, social en Europa, ya que sirven para crear una economía social de mercado pluralista y resiliente.

Actuando en el interés general, las empresas de economía social crean puestos de trabajo, aportan productos y servicios socialmente innovadores, facilitan la integración social y promueven una economía más sostenible y anclada a nivel local. Se basan en los principios de solidaridad y emancipación.

Las empresas de economía social son agentes económicos cuyo objetivo principal es crear un impacto social positivo. Por definición, las empresas de economía social utilizan la mayor parte de sus beneficios más como un medio para lograr sus objetivos sociales fundamentales que para repartir el máximo de beneficios a sus propietarios o accionistas. Sus actividades se basan, fundamental aunque no exclusivamente, en modelos de negocio con un reparto limitado de los beneficios, cuyos excedentes son reinvertidos en nuevos desarrollos de sus actividades.

La Iniciativa en favor del emprendimiento social de la Comisión establece un plan de acción general para apoyar la innovación social y ayudar a construir un ecosistema para promover las empresas sociales, en estrecha asociación con los Estados miembros y con los diferentes interesados. Esta iniciativa definió tres líneas de acción que realmente se dejarían notar y mejorarían la situación sobre el terreno de las empresas sociales: mejorar el acceso a la financiación; aumentar la visibilidad del emprendimiento social y mejorar el entorno jurídico.

La ES entra en la agenda europea

El conjunto de medidas sobre inversión social de 2013 dio una orientación a los Estados miembros sobre el modo de lograr que las políticas sociales fueran más eficaces, y efectivas y reafirmó que la inversión social consiste en invertir en las personas para potenciar sus competencias y capacidades y ayudarlas a participar plenamente en la vida laboral y social. En un momento histórico en que Europa se enfrenta a retos gigantescos por lo que respecta al desempleo y la exclusión social, así como a cambios demográficos, las empresas de economía social tienen que desempeñar una función fundamental en la mejora de las perspectivas actuales y futuras de las mujeres y hombres tanto en la sociedad como en el mercado laboral.

En la Declaración de Estrasburgo, más de 2 000 agentes sociales, entre ellos, responsables políticos, emprendedores sociales y partidarios de la empresa social, que representan la rica diversidad de la economía social de Europa, han reafirmado que las empresas sociales deben desempeñar un papel más importante en el futuro de Europa, y han identificado nuevas ideas y acciones para desbloquear su potencial de crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

La Declaración de Milán del Comité Económico y Social Europeo sobre la acción que se ha de emprender a nivel de la UE estableció una serie de propuestas y recomendaciones generales sobre el modo de apoyar de una manera eficaz la innovación social y la política de inversión social. En concreto, en la Declaración se afirma que corresponde al Estado y a las autoridades públicas en general la responsabilidad última de garantizar un acceso equitativo y universal de los ciudadanos a un alto nivel de bienestar y que las disposiciones de segundo grado son normalmente complementarias y no sustituyen a las disposiciones estatales de primer grado.

La Resolución adoptada por el Parlamento Europeo en 2015 destacaba la función del Emprendimiento social y de la innovación social en la lucha contra el desempleo. La Hoja de ruta de la Presidencia luxemburguesa sobre la promoción de las empresas de economía social en Europa se centra, en particular, en el desarrollo de las empresas de economía social, pero al mismo tiempo destaca la importancia de un ecosistema global para la economía social en Europa. Hace especial hincapié en la necesidad de crear un ecosistema financiero adecuado capaz de proporcionar un apoyo eficaz a la innovación social.

El debate internacional sobre el desarrollo de la economía social y solidaria se hace cada vez más potente, y podría contribuir a conformar la agenda 2030 sobre desarrollo sostenible.

Por Gonzalo Gayo/Valencia

El parlamento valenciano ha escrito una de la páginas de la historia tras aprobarse una propuesta de resolución por parte de todos el grupos parlamentarios (PP, PSPV-PSOE, Compromís, Podemos-Podem y Ciudadanos) por la cual se reclama una reforma inmediata del actual sistema de financiación autonómica con efectos a 1 de enero de 2014 y que facilite a las valencianas y valencianos disponer de unos servicios públicos fundamentales de calidad y que, además, permita ejercer las competencias propias de nuestra autonomía, logrando al menos la media de financiación por habitante del conjunto del estado.

En la propuesta aprobada exige el reconocimiento del déficit de financiación acumulada desde que se llevaron a cabo las transferencias de competencias a nuestra autonomía, cifradas en 12.433 millones de euros desde 2002 a 2013, así como la definición y establecimiento de un mecanismo de compensación de este déficit.

Por último, se reclama la ejecución por parte del estado de las inversiones en infraestructuras equiparables, como mínimo, al peso poblacional valenciano, compensando en todo caso la insuficiencia inversora de los últimos años.

En este sentido, el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, advierte que la situación actual ha llegado al límite y acusa al Gobierno central de estrangular la economía valenciana al cortar el grifo de los créditos FLA que deberían haber ingresado hace meses en las cuentas de la Generalitat.

En el Informe Económico-Financiero de la Generalitat Valenciana a 30 de junio de 2015 se enfatiza que el objetivo de déficit ya se ha superado ya que frente al 0,7% permitido en junio alcanzábamos el 1,2%. Además, a 30 de junio de 2015, la Generalitat Valenciana presentaba un resultado económico-patrimonial con unas pérdidas de 1.690 millones de euros, lo que en términos de empresa privada sería una quiebra sin paliativos o al menos permanecer atados de pies y manos por la enorme losa de la deuda.

Otro botón de muestra lo encontramos en el IVF cuya tasa de morosidad de los préstamos a empresas privadas otorgados llega a la "terrible cifra" del 62,5%, algo inaudito e inexplicable que debería investigarse con mayor empeño dado que seguro habrán sorpresas.

El informe revela también que la ejecución presupuestaria a 30 de junio se situaba en el 80,44%, y acumulaba ya obligaciones pendientes de pago por valor de 1.538 millones de euros, que se sumarían a los 739 millones pendientes de pago de ejercicios anteriores. Respecto a los ingresos, los derechos reconocidos en transferencias corrientes únicamente alcanzaban el 1,16%, 22 millones frente a los 1.970 previstos en el presupuesto.

La situación de alerta salta también en partidas ficticias y facturas en los cajones. Por ejemplo, en la venta de patrimonio que preveía unos ingresos de 150 millones de euros, solo se había logrado el 0,19% de lo previsto, lo que pone de manifiesto la inconsistencia de este capítulo. El documento señala también las facturas encontradas en los cajones que asciende a 400 millones de gastos sanitarios que no estaban presupuestados y más de 200 millones de gastos varios que tampoco estaban presupuestados.

Soler advierte que esta situación es “inaceptable, nada democrática e inconstitucional, y no vamos a dejar de exigir lo que se merecen cinco millones de valencianos, porque exigimos ser tratados como el resto de españoles". De hecho el gasto per cápita de los 5 millones de valencianos es 150 euros inferior a la media española y además este gasto ha ido disminuyendo de forma progresiva en los últimos años.

Esta situación nos sitúa con una deuda histórica insoportable y cuyo pago anual supone más del 23% del presupuesto de la Generalitat, inasumible en el presente y en el futuro. La infrafinanciación nos ha llevado a acumular más de 40.000 millones de deuda, el 40% del nuestro PIB cuando en 1995 era del 6,5%.

La situación de emergencia financiera lo ratifica el informe del BBVA constata también la infrafinanciación que sufren los valencianos. Señala que la Comunitat Valenciana presenta un nivel de financiación por habitante sensiblemente inferior a la media nacional. La desviación a la baja se repite en los tres grandes conceptos del gasto: el gasto territorial en sentido estricto, el gasto en protección social (pensiones y otras prestaciones sociales) y el gasto en regulación económica. Por el lado de los ingresos públicos, la Comunitat Valenciana soporta una carga tributaria inferior a la media, en línea con su nivel de renta relativa por habitante.

Pero afortunadamente, el empuje de nuestros trabajadores y empresarios está consiguiendo que la recuperación de la economía valenciana se acelere, apoyada en la mejora de la demanda interna regional y el dinamismo de las ventas al exterior. La información disponible en el informe del BBVA para la economía valenciana apunta a un crecimiento del PIB regional en torno a 0,8% en el primer trimestre de 2015. La depreciación del euro (con un impacto de 7 décimas en la Comunitat Valenciana), la caída del precio del petróleo (un punto porcentual de impacto), la restauración de la confianza, la mejora en las condiciones de financiación de empresas y familias y los avances de la industria valenciana hacen que se prevea un crecimiento de la economía regional del 2,7% y 2,6% en 2015 y 2016 respectivamente.